SALVAMENTO DE EMPRESAS EN CRISIS


El régimen judicial de insolvencia y en especial los acuerdos de reorganización (Ley 1116 de 2006), tiene por objeto la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. A través de un acuerdo con los acreedores se preservan las empresas y se normalizan sus relaciones comerciales y crediticias pues se obtienen plazos generosos para el pago de la deuda a tasas de interés muy bajas, diferentes a las pactadas inicialmente con los acreedores.

 

Como beneficios para el empresario se obtienen entre otros:

  1.  Condonación total de intereses causados antes de la apertura del proceso de reorganización.
  2. Período de gracia a capital e intereses de por lo menos dos años desde la apertura del proceso de reorganización.
  3. Posibilidad de establecer nuevas tasas de interés equivalentes al índice de inflación, para el total de la deuda de la empresa.
  4. Levantamiento de los embargos vigentes al momento de la apertura del proceso de reorganización y blindaje frente a eventuales embargos futuros.
  5. Terminación de los procesos ejecutivos vigentes al momento de la apertura del proceso de reorganización. Las obligaciones cobradas en estos procesos se pagarán en los términos condiciones y con la tasa de interés que se pacten en el acuerdo de reorganización.
  6. La empresa no podrá ser demandada mediante procesos ejecutivos nuevos luego de la apertura del proceso de reorganización.

Con los mentados beneficios la Ley propende por el alivio del flujo de caja de la empresa y que esta cuente con recursos para capital de trabajo que le permitan la recuperación de su actividad económica. Los acuerdos de reorganización pueden pactarse plazos de 10 años o más para el pago de la deuda total según el flujo de caja de la empresa, flujo que se elabora y se presenta al momento de solicitar el proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. El proceso previo a la firma del acuerdo de reorganización es rápido y transparente en la medida en que no se adelanta ante la justicia ordinaria, sino ante la Superintendencia de Sociedades.

Pueden acceder al proceso de reorganización todas las personas jurídicas no excluidas y las personas naturales comerciantes. Si la empresa esta incursa en causal de disolución por pérdidas, durante el proceso de reorganización queda suspendido el plazo dentro del cual debe enervarse la causal.

En resumen, los procesos de reorganización se constituyen en la herramienta más eficaz para el salvamento de empresas en Colombia y son innumerables los casos de estas que se han recuperado exitosamente en los diez años de vigencia de la Ley.

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